El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y el coordinador del Pacto de las Alcaldías, Raúl García Brink, presentaron junto a representantes de veinte municipios de la Isla sus Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, que definen medidas a ejecutar en diez años por un importe de 178 millones de euros para reducir las emisiones y afrontar los efectos ya palpables del calentamiento global.
Esta iniciativa se ha desarrollado dentro del Pacto de las Alcaldías, el único programa europeo de lucha contra el cambio climático desde la administración local. En Gran Canaria, gracias a la coordinación del Cabildo, se ha conseguido la adhesión de todos los municipios a este pacto y que veinte de ellos ya cuenten con unos planes redactados y aprobados o en vías de aprobación.
Los compromisos de los municipios
Los municipios adheridos al Pacto de las Alcaldías se comprometen a reducir en 2030 sus emisiones de CO2 hasta un 40%, incrementando su resiliencia para adaptarse a los impactos del cambio climático mediante la puesta en marcha de las medidas recogidas en los planes de acción.
Lo que se persigue, de cara a 2050, es acelerar la descarbonización de los municipios, reforzar su capacidad para adaptarse al inevitable impacto del cambio climático y facilitar a sus ciudadanos el acceso a una energía segura, sostenible y asequible.
Todos los municipios firmantes deben elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del Cambio Climático y presentar, en el plazo de dos años desde la firma oficial del Pacto de las Alcaldías, el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible. Tras esto, deben adaptar las estructuras del municipio para el desarrollo de las acciones de mitigación y adaptación necesarias y cumplir los objetivos propuestos por la UE para 2030.
Una isla unida ante el cambio climático
La redacción de esta veintena de hojas de ruta ha precisado el trabajo durante más de un año de un equipo de ingenieros contratados por el Cabildo, que ha invertido 600.000 euros en su redacción y liderará también la búsqueda de fondos europeos para completar las aportaciones de las administraciones locales, regional y estatal para ejecutar las medidas, tarea que compaginará con la redacción de la Estrategia Insular de Adaptación al Cambio Climático, que aportará la visión global sobre el territorio.
El diagnóstico para elaborar los Planes refleja que el vehículo privado es responsable de una tercera parte de las emisiones en Gran Canaria, seguido del parque residencial con más del 25 por ciento del total y de la actividad comercial y hotelera con el 20 por ciento. Por eso se trabaja para aumentar hasta el 27 por ciento la penetración de las energías renovables e incrementar casi un tercio la eficiencia energética con medidas adaptadas a la realidad de cada municipio.
También deja un retrato que revela que el 75 por ciento de las emisiones están concentradas en Las Palmas de Gran Canaria; casi el 40 por ciento del total en San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa Lucía y Mogán; mientras que Guía, San Mateo, Agaete, La Aldea, Firgas y Moya suponen apenas al 1 por ciento, porcentaje al que no llegan en Tejeda, Artenara y Valleseco.
178 millones de euros para mitigar el calentamiento global y afrontar sus efectos
Los Planes incluyen por un lado acciones de mitigación de las emisiones en nueve áreas que precisan cerca de 138 millones de euros y, por otro, medidas de adaptación a los efectos del calentamiento ya presentes y los futuros por valor 40 millones de euros distribuidos en 13 ámbitos de actuación.
La partida de mayor cuantía de las acciones de mitigación contempla 44 millones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones municipales con medidas que engloban el alumbrado público, el ciclo del agua y la instalación de energía solar térmica, mientras que la segunda prevé 38 millones para fomentar el transporte público, los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, el desplazamiento peatonal entre núcleos de población y la extensión de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Le siguen 29 millones para promover la producción de electricidad con energía solar fotovoltaica y el uso de redes inteligentes en viviendas y también en instalaciones municipales, y también contempla la necesidad de invertir 20 millones en los hogares con el objetivo de instalar energía solar térmica, bonificar el IBI a las edificaciones eficientes y realizar campañas de sensibilización ciudadana.
Asimismo, las acciones de mitigación centradas en la actualización de la normativa y la gestión medioambiental precisarán de 3,5 millones y la reducción de la huella de carbono en la gestión de los residuos de otros 2,4 millones, mientras que los sistemas de climatización en equipamientos municipales tendrán un coste estimado de 450.000 euros, además de otros 118.000 euros para promover la energía solar térmica y las campañas de concienciación en este caso destinadas al comercio, hoteles y sector industrial.
En cuanto a las acciones de adaptación al cambio climático, actuarán en trece frentes, uno de ellos el agua con 17 millones para medidas para proteger las redes de producción y distribución ante el recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos, 8 millones para reforzar la protección de las carreteras ante desprendimientos, riadas y otras eventualidades, 6 millones para actualizar la planificación territorial en función de los mapas de riesgo por el cambio climático en cada municipio y 3 millones para salvaguardar las infraestructuras energéticas y contar con redes alternativas en caso de emergencia.
Además, las acciones de adaptación prevén 2 millones para actualizar las redes informáticas y de comunicación para asegurar su operatividad en cualquier circunstancia y 900.000 euros para potenciar los recursos de protección civil y emergencias y formar al personal.
Los 3 millones restantes se distribuyen entre la recuperación de espacios agrarios abandonados, los planes de protección de las áreas naturales, garantizar en todo momento la gestión residuos, la detección de patologías sanitarias entre la población relacionadas con el calentamiento global, la implantación de programas de gestión ambiental y de riesgos en los establecimientos turísticos, la posible reubicación de edificios por la subida del mar u otros riesgos y los programas para formar a la población ante esta realidad ante la que también se debe preparar.
